Con la ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, estableció que todas las empresas públicas o privadas con 50 o más trabajadores están obligadas a disponer de un canal de denuncias.
La integridad y la transparencia en las organizaciones se han convertido en pilares fundamentales para el éxito sostenible de cualquier organización y son aspectos muy importantes para los empleados.
Con la creciente atención en la ética corporativa y el cumplimiento normativo, es esencial que las empresas cuenten con mecanismos efectivos para detectar y abordar posibles irregularidades internas.
¿Qué es un canal de denuncias?
Un canal de denuncias es un sistema interno que permite a los empleados, clientes y otras partes interesadas reportar de manera confidencial y segura posibles irregularidades, violaciones éticas o comportamientos inapropiados dentro de la organización. Este mecanismo sirve como un medio para identificar y corregir conductas negativas, a la vez que ayuda a fortalecer la cultura de integridad y responsabilidad en toda la empresa.
Algunas de las situaciones que se podrían denunciar mediante este canal son:
- Conductas y comportamientos considerados ilegales con el desempeño de trabajo.
- Presunta gestión lucrativa de recursos de la empresa
- Situaciones de discriminación o abuso sexual
- Corrupción, robos, fraudes, etc.
Sanciones y multas
La implementación de un canal de denuncias no es simplemente una buena práctica empresarial; es una necesidad estratégica en el actual panorama normativo. Las sanciones varían en función de la gravedad de la infracción. Para personas jurídicas, las sanciones pueden ser:
Leves (hasta 100.000€): se consideran leves acciones como remitir información de forma incompleta de manera deliberada, no colaborar en la investigación o no cumplir con el plazo establecido para ello.
Graves (entre 100.001€ y 600.000€): se consideran graves acciones como incumplir la obligación de garantizar la confidencialidad y secreto de las informaciones y cualquier actuación que suponga una limitación de los derechos y garantías previstos en esta ley.
Muy graves (entre 600.001€ y 1.000.000€): se consideran muy graves acciones como incumplir la obligación de disponer de un canal de denuncias en los términos exigidos por la ley, comunicar o revelar públicamente información falsa, vulnerar la confidencialidad y anonimato, tomar represalias contra informantes o infringir el deber de mantener el secreto sobre información relevante.
En Imàtica entendemos la necesidad que ha generado este paradigma y ofrecemos el canal de denuncias por tan solo 45€ al mes, independientemente del número de trabajadores de la organización.